Colombia debe adoptar estrategias flexibles que ofrezcan al sector productivo formal, y en particular a la Pyme, incentivos reales a la eficiencia.
Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, y la necesidad de impulsar no menos de 21 tratados de comercio abierto, se abre un edificante debate sobre el potencial y los riesgos de estos acuerdos como motores del desarrollo sostenible de la nación y, en particular, del sector productivo.
Éste se produce en un momento donde se regista una fuerte crisis financiera, derivada de las dificultades fiscales de varias naciones de Europa y Estados Unidos, ligada a la creciente escasez de recursos naturales claves para sus economías y los compromisos no cumplidos frente al cambio climático global.
Al revisar el modelo de desarrollo adoptado por la mayoría de países (y Colombia no es la excepción), se reconoce que prácticamente la mayoría de naciones han implementado un patrón convencional de desarrollo, que persigue una línea recta de crecimiento económico, concentrada en los factores de producción y en la necesidad de aprovechar al máximo los recursos naturales disponibles, aún a costa de su agotamiento.
Lo anterior se complementa con el objetivo de maximizar el uso del capital humano disponible, al punto que el éxito parcial depende hoy de la tecnología.
Mientras los países desarrollados y algunos en desarrollo pretenden impulsar medidas para incrementar el uso eficiente de la energía y adoptar tecnologías limpias para ahorrar recursos y minimizar los efectos del cambio climático, sus patrones de consumo suponen un brusco aumento de las emisiones de carbono, poniendo en riesgo el equilibrio ambiental y social-global.
Nadie debería suponer que los costos de combatir el creciente deterioro ambiental y el cambio climático serán bajos, como se ha evidenciado en Colombia, cuando los efectos del clima han costado no menos del 5 por ciento del PIB, sin contar en ello la recuperación necesaria.
Producto de lo anterior y frente a las negociaciones en curso en materia ambiental en la ONU, cuyos compromisos se cruzan parcialmente con los consignados en los TLC, no es razonable pretender que Colombia deba aceptar objetivos limitantes, pues que debe adoptar estrategias flexibles que ofrezcan al sector productivo formal, y en particular a la Pyme, reales incentivos a la eficiencia, aunado a un efectivo control ambiental, además de desarrollos normativos armónicos con el fortalecimiento de la calidad, bajo marcos de referencia cumplibles y verificables.
Esto, para lograr un progreso real, donde la reducción efectiva de la pobreza, la colectivización de las iniciativas para mantener el crecimiento del país, y la conservación y uso sostenible de los recursos naturales estratégicos, deberán ser las bases que lo guían.
¿Qué puede esperar el país a medida que la economía mundial se enfrenta a su crisis más seria en casi un siglo?
La respuesta sugiere forjar un nuevo modelo de desarrollo, que impulse un crecimiento sostenido, un sistema financiero estable, una reducción de los riesgo integrales y desafíos orientados a promover la eficiencia energética.
Se requiere el reajuste e integración de las políticas y normas en materia energética, industrial, agrícola y ambientales; y con ellas, las que promueven la ordenación del territorio, que deberán revisarse frente al compromiso del colectivo de aceptar los retos en curso y asumir la obligación nuevos postulados.
Para ello, el país demanda elevar el desempeño integral de las Pymes dada la obsolescencia de su parque industrial y concentrar los esfuerzos en el mejoramiento de su capacidad y calidad productiva (sea por la vía del encadenamiento productivo o la consolidación de clusters colectivizados).
El esquema individualizado registra una brecha, que implica un riesgo para su sostenibilidad, precisamente por el alto costo de acceder a las tecnologías de punta.
Lo anterior sugiere promover un progreso estable, que mejore la desarticulada arquitectura y trabaje por fortalecer la capacidad empresarial por la vía colectivizada de la sostenibilidad, para alcanzar los resultados que demanda la nación, matizados hoy por la tradicional consecución de equilibrios subóptimos, sin claros compromisos de calidad.
Gerardo Viña Vizcaíno,
Gerente de Desarrollo Energético & Ambiental de Araújo Ibarra & Asociados.
Fuente: portafolio.co